Relojes, referendums y chocolate

El pasado 30 de noviembre, el país hizo saltar las alarmas de Europa al decidir en uno de sus referéndums (les llaman 'votations') prohibir la construcción de minaretes.Participó la mitad de la población y ganó el sí por 57,5% de los votos pese a que solamente hay cuatro minaretes en el país. Extraño, sí, pero común. Cuatro veces al año, los suizos tienen que acudir a las urnas para responder a las cuestiones que les formula el Estado, muchas de las cuales bailan sobre la fina línea que separa el ridículo de la pureza democrática.

Las ciencias políticas llaman al modelo democracia directa, frente a la democracia representativa que impera en Europa. En España, por ejemplo, los ciudadanos eligen a unos representantes parlamentarios que deciden por ellos, con los consiguientes cabreos a pie de calle. Las decisiones se toman en el Congreso (y el olvidado Senado), los parlamentos autonómicos y provinciales y los ayuntamientos. En Suiza, además, se pregunta directamente a los ciudadanos, bien sea sobre iniciativas populares (necesitan 100.00 firmas) o sobre el veto de leyes federales (50.000 firmas). A eso le llaman democracia mixta.

Todo en la Confederación Helvética es bastante especial. De entrada, hablamos de un país con un territorio doce veces menor que España y dividido en 26 minúsculos estados en los que viven siete millones de personas que tienen poco que ver unas con otras. Hay suizos franceses, italianos, alemanes... Cada uno con su idioma.

Tienen cosas en común. Una curiosa bandera y la costumbre de asistir a las urnas de vez en cuando. Cada vez que acuden dan su opinión sobre unos 20 asuntos (federales, cantonales y comunales), 80 al año. El próximo 7 de marzo, entre otras iniciativas populares, refrendarán la institución de la figura del abogado de animales, una figura que proteja sus derechos y haga de fiscal ante los malos tratos, lo que pone en cuestión su código civil.

Su particular filia a las urnas comenzó en 1893, cuando decidieron que los animales de granja debían abatirse aturdidos en los mataderos, con el consiguiente enfado de los judíos, pues iba contra los ritos de la comida Kosher. Y siguieron adelante. En 1908 prohibieron beber la fortísima absenta suiza (luego revocaron la decisión). En 1930, los suizos decidían sobre si podían aceptar condecoraciones de países extranjeros y más tarde, la prohibición de las sociedades masónicas (1937). Las cosas de aquellos tiempos. Los 70 fueron los años de las reivindicaciones laborales (jornada de 40 horas en 1977) y los 80 del pacifismo. En 1989 rechazaron que el suyo fuera un país sin ejército (muchos siguen pensando que no lo tiene pese a que se traga el 1% del PIB), y tres años antes proponían 'Un alto a la muerte de los bosques suizos'. No prosperó, al igual que la petición de decidir por referéndum el trazado de las carreteras (1978). ¿Quién se imagina un país con millones de ingenieros de caminos 'amateur'? Todo esto, entre cientos de propuestas federales donde se repiten las cuestiones relativas al trabajo, el bienestar social y la inmigración.

«La cuestión no debería ser tratada como algo raro, ni cabe sobre el asunto un enfoque burlesco. Todos estos temas responden a una inquietud social que está detrás de toda iniciativa y es algo muy serio», defiende con cierta solemnidad un portavoz de la embajada suiza en España. «Es algo muy arraigado en nuestro pueblo que otorga cohesión al país».

¿Democracia o populismo?

El problema es que el resultado de todas estas normas pasan a formar parte de la Constitución. «Eso no puede ser. La Constitución no está para decir si se puede beber absenta o no». Habla Bernard Wutrich, jefe de Nacional del rotativo francófono 'Le Temps' (el segundo del país), que explica cómo en 1989 tuvieron que 'desbrozar' el texto de cientos de añadidos porque «pesaba demasiado».

Entre la intelectualidad suiza se ha abierto un debate velado sobre tanta consulta. En un lado de la balanza, el sistema asegura una política «muy cercana al ciudadano». Los políticos tienen que ajustarse a los deseos de sus gobernados, ya que les pueden tumbar cualquier ley. En el otro plato, el daño colateral de que las votaciones sean «un instrumento para la extrema izquierda y la extrema derecha», advierte Wutrich. Y para los 'lobbies'.

Ante los desmanes, una regla dice que todas las iniciativas que pasen a consulta tienen que respetar los Derechos Humanos. Pese a todo, el asunto de los minaretes ha abierto la caja de los truenos. Para algunos, se trata de una pregunta demasiado simple a una cuestión demasiado compleja. Para otros (entre ellos la embajada), la decisión es «la punta del iceberg de un pensamiento muy extendido». Al final, es «la voluntad del pueblo», dicen. Y eso, en Suiza, va a misa.